En los últimos años, el bloqueo de cuentas bancarias y la imposición de restricciones operativas se han consolidado como uno de los principales riesgos asociados a deficiencias en los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), incluso en empresas que cuentan formalmente con políticas, procedimientos y herramientas de monitoreo.
Este escenario responde a un cambio relevante en la forma en que las entidades financieras evalúan el riesgo de sus clientes. Ya no basta con demostrar la existencia de un sistema de cumplimiento; lo determinante es la capacidad efectiva del SPLAFT para explicar el origen, la razonabilidad y el propósito de las operaciones, conforme al enfoque basado en riesgos exigido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La gestión de alertas como punto crítico del sistema
Uno de los principales focos de atención en las evaluaciones de riesgo realizadas por los bancos es la gestión de alertas. En la práctica, muchas empresas generan alertas de forma adecuada, pero presentan debilidades en la etapa posterior: el análisis.
Cuando las alertas se cierran de manera rutinaria, sin un sustento económico-financiero sólido ni documentación suficiente que respalde la razonabilidad de las operaciones, el sistema pierde credibilidad ante terceros. La reiteración de este tipo de cierres, sin un análisis contextual del cliente y su actividad, incrementa el nivel de riesgo percibido por las entidades financieras.
Consecuencias operativas y financieras
Las deficiencias en el análisis de alertas no suelen generar efectos inmediatos, pero sí acumulativos. Con el tiempo, los bancos pueden adoptar medidas preventivas tales como solicitudes reiteradas de información, restricciones temporales de operaciones, limitaciones en el uso de productos financieros o, en escenarios más críticos, el bloqueo de cuentas.
Estas medidas impactan directamente en la liquidez de la empresa, generan retrasos en pagos a proveedores y trabajadores, afectan la ejecución de contratos y deterioran la relación con contrapartes comerciales. Adicionalmente, el riesgo reputacional asociado a este tipo de situaciones puede extenderse a otras entidades financieras, amplificando el impacto.
El rol de la información financiera y contable
Un aspecto clave en la mitigación de este riesgo es la integración efectiva de la información financiera, contable y operativa dentro del SPLAFT. El análisis de alertas no puede abordarse únicamente desde una perspectiva transaccional; debe sustentarse en estados financieros, flujos de ingresos, naturaleza del negocio y coherencia económica de las operaciones.
La falta de alineación entre el área de cumplimiento, contabilidad y gestión financiera suele ser uno de los factores que debilita la capacidad del sistema para responder adecuadamente ante requerimientos de los bancos.
Hacia un SPLAFT orientado a la continuidad del negocio
Un SPLAFT efectivo no solo cumple una función regulatoria. Su correcta implementación y operación contribuyen a proteger la continuidad del negocio, la estabilidad financiera y la reputación corporativa.
La revisión periódica de los criterios de análisis de alertas, la actualización del perfil de riesgo del cliente, la adecuada documentación de las decisiones y la existencia de mecanismos de revisión independiente son elementos esenciales para reducir el riesgo de bloqueos y restricciones operativas.
En un entorno cada vez más exigente, la prevención del lavado de activos debe entenderse como una herramienta de gestión de riesgos empresariales, y no únicamente como una obligación normativa.